(En la fotografía, se ilustra uno de los numerosos pozos manuales para extracción de agua potable, instalados con la ayuda de IC-LI).
Desde IC-LI os comentamos que el Consejo Europeo, órgano de la Unión Europea formado por los jefes de estado de los países pertenecientes a la UE, ha dictaminado, en junio de 2019, unas directrices relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento dirigidas a orientar la labor de la acción exterior de la UE en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
En la introducción al documento deja claro el motivo de las directrices:
“El agua es una condición previa para la vida y, por lo tanto, para el disfrute de todos los derechos humanos. Sin embargo, el acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo un desafío importante en muchas partes del mundo. 2.100 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y 4.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura en todo el mundo. Las prácticas de higiene inseguras están muy extendidas, y más de 361 000 niños menores de cinco años mueren anualmente a causa de enfermedades diarreicas debido a un saneamiento deficiente, una higiene deficiente o agua potable insegura. Además, el cambio climático afectará cada vez más la disponibilidad y el acceso al agua.”
Continuando con nuestros comentarios, os informamos que existe ya un Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia (2015-2019), con el que la UE se ha comprometido a centrar el enfoque en los derechos económicos, sociales y culturales en su política exterior, incluso haciendo hincapié en el claro reconocimiento de la dimensión de los derechos humanos en los ámbitos como el agua.
La adopción de estas directrices es una de las muchas medidas que la UE está tomando para cumplir este compromiso y garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todos.
Los principales grupos destinatarios de las directrices son los funcionarios y miembros del personal de las instituciones de la UE, los Estados miembros de la UE y las delegaciones de todo el mundo.
Estas directrices se basan en legislación de los derechos humanos establecida, a partir del Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), que afirma el derecho de todos a un nivel de vida adecuado. Después de esta introducción:
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el “agua potable y el saneamiento seguros y limpios” es un derecho humano como un aspecto del derecho a un nivel de vida adecuado.
En 2015, la resolución de la Asamblea General reconoció la naturaleza distintiva del derecho al saneamiento en relación con el derecho al agua potable, manteniendo los derechos juntos.
A partir de aquí, se han generado resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Recomendaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, etc. Todos ellos son recursos clave que proporcionan información útil para comprender los derechos.
Con este panorama, la UE tiene el objetivo en su política exterior de llevar los derechos humanos al agua y al saneamiento en todas las actuaciones relativas al desarrollo de los países empobrecidos.
En opinión de IC-LI, estas políticas contrastan con la actitud de algunas administraciones locales en el País Vasco que por su carácter ideológico propugnan y subvencionan otro tipo de actuaciones dirigidas a cuestiones relativas a la educación sexual y reproductiva, al empoderamiento de la mujer, etc., sin ver que la realización de los derechos al gua y al saneamiento están en la base para alcanzar aquellos.
Por otra parte, las realizaciones vitales de infraestructuras de agua y saneamiento son fáciles de identificar y de comprobar la eficacia del empleo de los fondos destinados a subvencionar dichos proyectos, lo que no es tan fácil con otros tipos de proyectos subvencionados.
Además, los proyectos de agua y saneamiento pueden y deben ir acompañados de aumento de las capacidades locales de autogestión, asociación y defensa de los derechos y libertades. Es decir, de educación para una vida mejor, equidad de género y en definitiva de desarrollo.
ICLI tiene esa misión y en ello seguiremos trabajando.
